Las CONVIVIR se definieron en Colombia como Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria y fueron una respuesta oficial para dotar de un nuevo marco legal a la defensa que los campesinos y hacendados hacían de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrilleros. Fueron reglamentadas por Ernesto Samper.
Debido al creciente accionar guerrillero en los años 1990, surgieron las CONVIVIR a nivel nacional entre 1994 y 1997 a partir de varias disposiciones legales durante la presidencia de Ernesto Samper. Durante el gobierno del Presidente César Gaviria Trujillo se emitió el Decreto Ley 356 de 1994, el cual estableció las condiciones para regular nuevos "servicios especiales de seguridad privada" que operarían en zonas de combate donde el orden público fuese precario. El 27 de abril de 1995, una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada les otorgó a dichos nuevos servicios el nombre de CONVIVIR.
En un comunicado público de diciembre de 1994, el Ministro de Defensa Fernando Botero Zea informó que los nuevos servicios especiales de seguridad privada estaban bajo la supervisión de la Superintendencia y que no podían unirse a ellos personas con antecedentes penales.
Los miembros de las CONVIVIR tenían legalmente el derecho a portar armas y equipos de comunicación, de uso exclusivo de las fuerzas militares para proteger a sus comunidades y colaborar con la fuerza pública en la lucha contrainsurgente.
Las CONVIVIR se organizaron a nivel nacional, siendo difícil establecer su número exacto y el de sus miembros porque depende de qué grupos de seguridad privada sean considerados o no como tales. Existen estimativos que contemplan hasta 414 grupos y, según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de CONVIVIR Carlos Alberto Díaz, a diciembre de 1997 había más de 120.000 miembros de las CONVIVIR en Colombia.
Durante su existencia, varias CONVIVIR fueron criticadas por irregularidades en su conformación y supervisión, así como por la existencia de graves abusos, incluyendo violaciones de los derechos humanos contra civiles y presuntos colaboradores de la guerrilla.
Se ha denunciado que su creación contribuyó a complicar la distinción entre civiles y combatientes, junto con el hecho de que varios miembros de grupos paramilitares conformaron o ingresaron a las CONVIVIR y/o asumieron ilegalmente la denominación de "CONVIVIR" sin tener autorización oficial para hacerlo, dando lugar a diferentes confusiones y a posteriores abusos.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la "estrecha relación de trabajo entre las Fuerzas Militares y las CONVIVIR es lo que permite bajo las circunstancias analizadas dar a los miembros de las CONVIVIR estatus de agentes estatales", tanto durante sus actuaciones legales como ilegales.
En 1996 y 1997, el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y el vicegobernador Pedro Juan Moreno defendieron la organización y operación de las CONVIVIR locales en su departamento, con base en las reglas establecidas por la administración central del estado. La alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, criticó la organización de las CONVIVIR en su municipio y consideró que, además de innecesaria, era perjudicial para la gobernabilidad. En respuesta, el vicegobernador Moreno le contestó que debía en lo sucesivo remitirse al Ejército para tratar esas cuestiones.
El 4 de diciembre del 2006, en una entrevista radial, Uribe reiteró su anterior apoyo a las CONVIVIR, negó que fueran parte del inicio del paramilitarismo, y afirmó que él asumió la responsabilidad de los 60 o 70 grupos CONVIVIR que operaron en el departamento durante su gobernación.
En 1997, en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 356 de 1994, la Corte Constitucional declaró constitucional la existencia de las CONVIVIR, pero las conminó a devolver las armas de uso privativo de las FF.MM. colombianas y les impuso otras restricciones. Posteriormente, el presidente de la Federación Nacional de las CONVIVIR ordenó desmantelar unilateralmente la mayoría de dichos grupos por medio de su desarme y desmovilización organizada.
La relación de las convivir con las AUC
Luego de varias investigaciones realizadas y relatos de los mismos integrantes de las Autodefensas, se descubrió que este grupo gubernamental fue entrenado en muchas zonas del país por los mismos líderes de las AUC y realizaban tareas entre las dos organizaciones.
En las zonas que más se sabe que se produjo esta unión fue en el departamento de Magdalena y en el Urabá antioqueño a finales de la década de los 90, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez era gobernador de este departamento y apoyaba la idea de las Convivir en su momento.
Parapolítica:
Es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como Autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico.
Según las investigaciones y condenas judiciales varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se beneficiaron de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos alcanzaron cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos desviaron dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y filtraron información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos,desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.
El escándalo se desató en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que desencadenaron la detención y condena de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que polarizaron la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al entonces presidente de la República Álvaro Uribe afectaron las relaciones internacionales de ese gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos, a la vez que generaron un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno del presidente Uribe quienes se acusaron mutuamente de conspiración. Igualmente se vio fuertemente cuestionada la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional está estudiando los procesos judiciales dentro del escándalo.
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| Rocío Arias, una de las condenadas por parapolítica. |
Carlos Castaño Gil:
Se consolidó como líder de los grupos de auto-defensa al tomar el mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) después de la muerte de su hermano Fidel Castaño, que había sido su fundador. Las ACCU era una unidad paramilitar de colombianos que se autoidentificaban con la "Colombia profunda", que ejecutaba sus acciones militares atacando diréctamente los bastiones o "frentes" establecidos por la izquierda, allí donde el Ejército colombiano fracasaba. A las ACCU adscribía, entre otros bloques, el Bloque Metro de Medellín. A partir de las ACCU, Castaño consolidó y conformó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Vicente Castaño:
Según los informes judiciales, Vicente Castaño está vinculado al negocio del narcotráfico desde la década de 1990 cuando siendo comandante de las AUC empezó a vender bloques de paramilitares a narcotraficantes que buscaban evitar la extradición a Estados Unidos. Es acusado de haber sido quien ordenó el asesinato de su hermano Carlos Castaño debido a que este buscaba el apoyo del gobierno de Colombia para prevenir la entrada de los narcotraficantes a las AUC.
Se desmovilizo de las AUC el 3 de septiembre de 2006 con el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia pero regresó a la clandestinidad después de que en agosto de 2006 el gobierno ordenara la reclusión de los jefes desmovilizados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Salvatore Mancuso:
Hijo de un inmigrante italiano y una colombiana, Salvatore Mancuso Gómez nació el 17 de agosto de 1964 en Montería, Córdoba. Estudió hasta séptimo semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana y se formó como administrador agropecuario en la Escuela de Formación Técnica Agrícola. También aprendió a pilotear helicópteros gracias a las enseñanzas de un capitán retirado del Ejército y tomó cursos de inglés en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos.
En los años noventa regresó a su ciudad natal donde el frente 38 de las Farc extorsionaba a su familia desde hace algún tiempo. Entonces consiguió las armas con ayuda del Ejército y nacieron Los Tangueros, autodefensas comandadas por Fidel Castaño, que tomaron el nombre de la finca Las Tangas, que Castaño le había usurpado a una familia antioqueña. A Mancuso le fue encargada el ala militar de las AUC, controlar la zona del Catatumbo en la frontera con Venezuela y la conquista del Nudo de Paramillo y del Sur de Bolívar, territorios del ELN.
Procesos de paz
El proceso de desmovilización de las AUC es un proceso de
amnistía y sometimiento a la justicia de los grupos narcoterroristas en
Colombia.
El proceso se inició bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entonces bajo la dirección
ideológica de Carlos Castaño, aceptó un cese de hostilidades como requisito
para una negociación con el gobierno. A pesar de las desaparición y posterior
asesinato de Castaño por miembros de las AUC, el proceso ha continuado con
varios jefes paramilitares y de autodefensas, encabezados por Salvatore
Mancuso. Varios medios, entre ellos la revista Semana han cuestionado diferentes
aspectos de estas desmovilizaciones.
BACRIM
Las Bandas emergentes
en Colombia o bandas criminales emergentes (bacrim) es el nombre que identifica
a una serie de organizaciones mafiosas que operan en Colombia.[15] Esta
denominación fue otorgada por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, al
fenómeno o reestructuración del crimen organizado,[16] luego de un proceso de
desmovilización de 32 000 mil combatientes de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), el fortalecimiento de la implementación de la política de
seguridad democrática y la influencia del narcotráfico.
Gustavo Rojas Pinilla
Gustavo Rojas Pinilla (Tunja, 12 de marzo de 1900 - Melgar,
17 de enero de 1975) fue un militar, ingeniero civil y político colombiano que
tras un golpe de Estado al titular Laureano Gómez, ocupó la presidencia de
Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Fue el único dictador
(1953- 1957) que tuvo Colombia en el siglo XX.
Su mandato se caracterizó por la realización de grandes
obras de infraestructura, el inicio del proceso de despolitización de la
Policía, la traída del servicio de televisión al país y se puso término a la
primera etapa de la época conocida como La Violencia, al llegarse a una tregua
con las guerrillas liberales y estableciendo un gobierno avalado por el
Ejército y otros miembros de la sociedad colombiana. Durante su mandato se le
reconoció en 1954 el derecho al voto a las mujeres. Construyó el aeropuerto El
Dorado en Bogotá, el Hospital Militar Central de Bogotá, la calle 26 y el
Centro Administrativo Nacional.
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